El tema de la eutanasia en Colombia que ha sido materia de amplios y candentes debates en medios y redes sociales, enfrenta un nuevo tinglado tras la advertencia que le hizo el Gobierno a la Corte Constitucional, de que es el Congreso de la República al que le corresponde reglamentar este procedimiento, y no a los magistrados.

El Gobierno se fundamenta en que se trata de un derecho fundamental, como es el de la vida, y por tanto es competencia de los congresistas para darle fuerza de ley.

La polémica surgió ante la solicitud que hizo a la Corte Constitucional la directora jurídica del Ministerio de Salud, Melissa Triana Luna, de que aclare los alcances del fallo que amplió la eutanasia a pacientes no terminales, como el caso de la señora Marta Sepúlveda, la primera paciente en el país con un diagnóstico no terminal que solicitó este derecho a la muerte asistida.

De acuerdo con el Ministerio, la sentencia de la Corte tiene aún muchos vacíos, como por ejemplo, qué enfermedades crónicas son incompatibles con la vida digna, pues se puede prestar a confusión con patologías como la ceguera, parálisis facial, lesiones por quemaduras, incluso pacientes mentales, que podrían solicitar la muerte digna.

El acceso a la eutanasia es legal desde 1997, pero única y exclusivamente aplicables a personas con enfermedades terminales graves.

Sin embargo, a través de la Sentencia C-233, dada a conocer por la Corte Constitucional el 23 de julio pasado, se amplío el derecho fundamental a morir dignamente.

El fallo cobija a aquellos pacientes que padezcan una enfermedad que les provoque intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave incurable.

Así que con la notificación del Gobierno a la Corte, queda pendiente por resolver este otro capítulo del controvertido tema de la eutanasia, que aún se sigue discutiendo en Colombia.